En la actualidad, nadie puede permanecer ajeno a las ventajas que han supuesto para todos los sectores sociales y económicos el desarrollo de la informática y la expansión de las telecomunicaciones. La utilización de las nuevas herramientas informáticas en combinación con las redes de telecomunicaciones avanzadas en el ámbito de la Administración Pública está contribuyendo a alcanzar unos mayores grados de eficacia y eficiencia a la hora de gestionar las relaciones y los servicios que éstas prestan a la ciudadanía.

Sin embargo, el uso de la informática y las telecomunicaciones en todos los ámbitos también tiene una vertiente negativa, en el sentido de que su utilización sin las debidas garantías puede afectar a los derechos y libertades individuales de la ciudadanía, en especial en lo referente a su intimidad y a la protección de sus datos.

Consciente de los riesgos derivados de un posible uso inadecuado de estas nuevas tecnologías en detrimento de los citados derechos, la Unión Europea viene realizando, desde hace varios años, un importante esfuerzo de armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros con el objetivo de que toda la ciudadanía europea cuente con una protección equivalente de alto nivel de sus datos personales en el territorio de la Unión.